ARTICULOS PRESENTADOS AL CONSEJO EDITORIAL NACIONAL DE LA REVISTA

Para el próximo número de La Revista de Derecho han llegado para la consideración del Comité Editorial Nacional, artículos de los Profesores:

1) INCREMENTO DEL GASTO = AUMENTO DE IMPUESTOS
LA VOLUNTAD POLÍTICA DE LA CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA DE AUMENTAR LA CARGA TRIBUTARIA EN CHILE

Marcelo Díaz Suazo
Profesor de Derecho Tributario
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas Universidad de Atacama

ÍNDICE

Páginas

Presentación 4
Introducción 5
Planteamiento del problema 5
Relevancia de la investigación y objetivo general a cumplir 9
Precisiones conceptuales y objetivos específicos 11
Nuestra estrategia de investigación 13

Antecedentes para el esbozo de un marco teórico y contexto en que se desarrolla la investigación 18

Explicaciones previas 18
Los gobiernos y la actividad financiera del Estado 20
La actividad financiera del Estado en los gobiernos de la Concertación 24
La eficiencia del gasto, sinopsis de una reyerta permanente 26
Las políticas de gasto social del actual gobierno y su financiamiento 27
Metamorfosis de nuestro sistema tributario 30
Un sistema tributario consolidado 33

De las personalidades consideradas y de las preguntas formuladas 41

A modo de preámbulo 41
El incremento impositivo en el parecer de las autoridades de los partidos 43
La visión particular de algunos parlamentarios 53
Una mirada retrospectiva: El dictamen de dos ex – ministros de Estado 63
Una mirada de futuro: La palabra del comando de campaña 66
De los juicios expuestos y del análisis de rigor 74

Cuestión de voluntades 74
Dos ejercicios elementales de comprobación de voluntad política 80
¿Cómo aumentar la carga tributaria nacional? 81
La eficiencia del gasto como requisito de otra reforma tributaria 84
¿Se puede considerar eficiente el gasto fiscal en Chile? 87

Conclusiones, corolario y una reflexión final 90

Inferencias generales 90
Inferencias particulares 91
Corolario 96
Una reflexión final 98

Anexo: El cuestionario aplicado 101

Bibliografía 102

PRESENTACIÓN

Durante su gestión gubernamental la Concertación de Partidos por la Democracia ha impulsado diversas reformas impositivas que, sin alterar la estructura del sistema tributario vigente, han incrementado los ingresos fiscales.

Si bien muchos actores políticos, sociales y económicos consideran contraproducente cualquiera nueva iniciativa sobre aumento de impuestos, en momentos en que la economía chilena comienza a repuntar, luego de las dificultades sufridas por la llamada “crisis asiática”, y lo adecuado debería ser entregar certidumbre a los inversionistas; lo cierto es que las políticas de gasto social concertacionistas requieren de recursos frescos para concretarse y, al mismo tiempo, al interior de la coalición sigue pendiente un debate mayor sobre la carga impositiva[1] que es menester para equilibrar crecimiento económico con justicia social, como ha quedado de manifiesto en el desarrollo de la última campaña presidencial y en la discusión previa a la implementación de algunas de las primeras medidas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet[2].

Así las cosas, no se puede descartar que en el futuro habrá otros intentos de incrementar tributos, cuyo principal sostén será la voluntad política de los partidarios de la Concertación de Partidos por la Democracia de aumentar la carga tributaria nacional, que actualmente bordea un 18% del Producto Interno Bruto (P.I.B.)[3].

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema.

Al concluir la primera mitad del gobierno del ex - Presidente Ricardo Lagos, la eventualidad de un déficit fiscal mayor al presupuestado, en razón de la caída de los ingresos públicos, consecuencia de la entrada en vigor de los tratados de libre comercio recientemente suscritos y la necesidad de financiar ambiciosos proyectos gubernamentales, como el “Plan AUGE”, en materia de mejoramiento de la salud, el “Programa Chile Solidario”, en cuestiones de superación de la pobreza, o la “Reforma Educacional”, en el tema educativo, obligaron al Ejecutivo a presentar al Congreso un paquete de reformas al régimen impositivo con las cuales conseguir recursos frescos. La iniciativa gubernamental, cuyo resultado mayor consistió en alzar la tasa del impuesto a las ventas y servicios en un 1%, generó una de las discusiones más intensas sobre la actividad financiera del Estado chileno que, centrada particularmente en la forma de compensar los recursos perdidos, llegó a ser calificada de “patética” por el economista y profesor universitario Eduardo Engel[4].

En algo más de dieciséis años de gestión, la Concertación de Partidos por la Democracia ha aumentado el gasto público para financiar su programa global de gobierno. Con la finalidad de respaldar el mayor gasto, las administraciones concertacionistas, en busca de nuevos recursos, han impulsado varias reformas impositivas[5], modificaciones que sin alterar la estructura básica del Sistema Tributario han incrementado la participación de los impuestos en el total de los ingresos fiscales. Así, por ejemplo, de acuerdo al informe sobre ejecución presupuestaria 2003, los tributos representaban a tal fecha más del 75% de los ingresos del fisco, a pesar de una menor recaudación de los impuestos sobre la Renta y al retroceso de casi un 30% en tributos al comercio exterior, producto de la última etapa de la rebaja general de aranceles y la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea[6].

Dada la importancia que los tributos tienen como ingresos públicos en la actividad financiera del Estado chileno actual, es fácil comprender la respuesta del ex - Presidente Lagos a consulta periodística acerca de sí se lograba redistribuir el ingreso nacional aumentando impuestos, en cuanto sostenía que “lo normal es que, a medida que el país crece, el sistema tributario también se expanda. Lo importante es como se hace sin echar a perder los volúmenes de inversión que tenemos”, agregando más adelante que “tenemos una situación tributaria inadecuada: proporcionalmente a su ingreso, paga más impuestos el quintil más pobre que el quintil más rico. Eso no es equitativo”. No en vano recalcaba, en esa misma entrevista, la necesidad de un nuevo “remezón” tributario[7]; afirmación sustentada en su aspiración personal de un país con mayor cohesión social. En la percepción del ex – primer mandatario el desarrollo no es sólo crecimiento económico, es también una sociedad más inclusiva, en la que las oportunidades se abren para todos[8].

No obstante, no todos los que poseen opinión relevante al interior del conglomerado de gobierno, y comparten los lineamientos estratégicos de su proyecto político, han estado de acuerdo con iniciar nuevas ofensivas tributarias. Por la misma época de la entrevista antes referida, el Senador y ex – Presidente de la República Eduardo Frei, a propósito de una consulta respecto al pago de impuestos de las grandes compañías mineras, sostuvo “estoy de acuerdo en que paguen lo que corresponda. Pero estoy en contra de subir más los impuestos. Estoy en contra de seguir haciendo más reformas tributarias: hemos hecho cuatro (sic) y a los inversionistas hay que darles tranquilidad. Y, segundo, porque no podemos perder las inversiones. Las tasas de inversión extranjera son muy bajas hoy. Y eso es muy malo para el futuro”[9]. Pocas semanas después, coincidía con su colega de entonces el ex – Ministro de Hacienda del gobierno del Presidente Patricio Aylwin, y actual Ministro de Relaciones Exteriores de la Presidenta Michelle Bachelet, Alejandro Foxley, al proponer “cerrar definitivamente el tema de los impuestos, en un plazo no superior a tres meses. La razón de fondo es estimular una tasa de inversión deprimida, que es el punto frágil de la economía chilena”[10]. Argumento similar a la conclusión a la que había arribado meses antes una investigación periodística, luego de consultar a diversos actores sociales, políticos y académicos, muchos de ellos militantes de la Concertación, respecto de la conveniencia de aumentar los impuestos vigentes[11]. En la ocasión, se concluía que resultaba políticamente contraproducente reabrir un debate recientemente cerrado cuando la economía chilena comenzaba a repuntar, oportunidad en que lo adecuado era entregar certidumbre a los inversionistas[12].
Sin embargo, contrariando las apreciaciones anteriores, y cuando sólo faltaban algunos meses para finalizar su mandato, el ex - Presidente Lagos promulgó el proyecto de ley conocido como “Royalty II”, que consagró un impuesto específico a la actividad minera, amplió las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) y afectó la invariabilidad tributaria en contratos de inversión extranjera suscritos en conformidad al D.L. N°600, de 1974[13]. Sacando provecho del fragor de la lucha electoral, el gobierno eliminó también el beneficio tributario consagrado en el artículo 57 bis de la ley sobre impuesto a la renta, que permitía descontar impuestos por venta de acciones de pago de sociedades anónimas abiertas a los poseedores de las mismas que hubieran adquirido estos títulos antes del 29 de julio de 1998[14]. Asimismo, al concluir el primer semestre de 2005, se hizo realidad la ley que incrementó los recursos económicos de los municipios o “Rentas Municipales II”, que entre otras normas modificó la ley sobre impuesto territorial[15], y se inició una breve aunque intensa discusión, impulsada por parlamentarios de gobierno, buscando derogar una franquicia impositiva que favorece a las empresas constructoras, en tanto les permite recuperar el impuesto a las ventas y servicios involucrado en proyectos de edificación; aunque el gobierno rápidamente propuso un congelamiento de tal debate.

Con todo, el tema no desapareció de la agenda política, a fines de julio de 2005, en declaraciones a la prensa española, la entonces candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, sostuvo que en un eventual gobierno suyo no descartaba subir los impuestos, aunque aclaró que sólo lo haría si fuera indispensable. Explicó que en el futuro habría mayores recursos por el crecimiento económico, por hacer más eficiente el gasto público y por la lucha contra la evasión, pero que si eso no era suficiente se recurriría al expediente de mayores tributos, que se diseñarían de tal forma que no afectarían la economía, ni serían una carga para las capas medias y los sectores más pobres de la población[16]. Semejante noticia tuvo repercusiones inmediatas, porque el programa de gobierno de la candidata aún no había sido dado a conocer a la opinión pública, obligando a sus asesores a efectuar precisiones. Así, por ejemplo, días más tarde, un diario de circulación nacional tituló: “El plan de Bachelet para recaudar US$300 millones”, informando, sobre la base de una entrevista al asesor económico del comando de la candidata, Oscar Landerretche, que lo que se pretendía era racionalizar (eliminar) una serie de franquicias tributarias consideradas ineficientes[17]. De esta forma, se procuró configurar la idea que en el gobierno de Michelle Bachelet la carga tributaria subiría producto de la eliminación de franquicias y de la lucha contra la evasión y elusión, pero sin abandonar del todo la posibilidad de un alza de impuestos si los recursos no alcanzaban. Quizás por ello el entonces Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se permitió recomendar al futuro gobierno no hacer shocks de ninguna naturaleza, sosteniendo que “aumentar la carga tributaria de la noche a la mañana en tantos puntos, eso es un shock. Eso no sería oportuno ni necesario. Que se aplique la ley de Wagner, que indica que cuando la economía va subiendo su ingreso per cápita, la demanda por bienes públicos va subiendo más que proporcionalmente, y por tanto, la carga tributaria sube, pero gradualmente, no un shock. No subiría de 17% a 19% (del P.I.B.) de un paraguazo, sino que procurar que ha medida que la economía siga creciendo, esta carga se eleve poco a poco”[18].
[1] Siguiendo a Jarach, presión que los tributos significan sobre la renta nacional, cuya determinación es sumamente difícil y controvertible. En Dino Jarach, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, 2ª Edición, páginas 276 y siguientes. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996.
[2] Nos referimos a la tramitación del proyecto de ley sobre pensiones mínimas y a la mantención de la tasa del impuesto a las ventas y servicios en un 19% a contar de 2007.
[3] De acuerdo a estimaciones de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda la carga tributaria nacional alcanza a un 17,8% del PIB, en http://www.minhda.cl/ . También Bernardo Fontaine y Rodrigo Vergara, “Una reforma tributaria para el crecimiento”, artículo en Revista del Centro de Estudios Públicos “Estudios Públicos” N°67 (invierno de 1997), páginas 23 y siguientes.
[4] Diario “La Tercera”; Santiago, 29 de junio de 2003.
[5] La primera de ellas en 1990, a poco de comenzar la presidencia de Patricio Aylwin, que modificó los impuestos a la renta de primera categoría, de segunda categoría y global complementario, a la vez que aumentó la tasa del impuesto a las ventas y los servicios, permitiendo incrementar las asignaciones familiares, pensiones asistenciales, y subsidios únicos familiares, así como también el gasto en salud. En orden de la importancia de su monto, cabe citar de la misma manera la reforma de 1995, en el Gobierno de Eduardo Frei, que mantuvo la tasa del impuesto a las ventas y servicios en un 18% y aumentó los gravámenes específicos a gasolinas y cigarrillos con el fin de financiar un reajuste extraordinario de pensiones y la jornada escolar completa. Finalmente, por su relevancia conceptual, debemos mencionar la aprobación en 2001 de la ley contra la evasión y elusión tributaria. Un breve recuento de las primeras de éstas reformas en Kart Weyland, “La política económica en la nueva democracia chilena”, artículo en “El Modelo Chileno. Democracia y Desarrollo en los noventa”, Paul Drake e Iván Jaksic (Compiladores), 2ª reimpresión de la 1ª Edición, páginas 65 y siguientes, Ediciones LOM, Santiago de Chile, 2002. En idéntico sentido, Mario Marcel, “Políticas Públicas en Democracia: El caso de la Reforma Tributaria de 1990 en Chile”, artículo en Colección Estudios CIEPLAN 45 (junio 1997), páginas 33 y siguientes. También Manuel Marfán, “El Financiamiento Fiscal en los años 90”, artículo en “Construyendo Opciones”, René Cortazar y Joaquín Vial (Compiladores), páginas 545 y siguientes, CIEPLAN/Dolmen, Santiago de Chile, 1998.
[6] En millones de pesos de 2003 los ingresos del fisco ascendieron a $10.767.160.000.000, con una participación porcentual de los tributos de 75,67%. Informe sobre ejecución presupuestaria 2003 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, febrero de 2004, en http://www.minhda.cl/ .
[7] Diario “El Mercurio”; Santiago, 4 de enero de 2004.
[8] Ricardo Lagos Escobar, “Conversaciones en el Camino”, página 55. Ediciones B, Santiago, 2003.
[9] Diario “El Mercurio”; Santiago, 1 de febrero de 2004.
[10] Diario “El Mercurio”; Santiago, 15 de febrero de 2004.
[11] Diario “El Mercurio”; Santiago, 7 de diciembre de 2003.
[12] Resulta interesante repasar los argumentos contra un alza de impuestos citados en la oportunidad, en la medida en que se han reiterado cada vez que el gobierno ha impulsado una reforma tributaria. Si el impuesto a alterar es el de ventas y servicios el resultado es regresivo, porque afecta más a quienes consumen todos sus salarios que a los que ahorran e invierten, particularmente a los sectores medios de la población, que no reciben ayudas estatales y son los que más pagan dicho tributo como porcentaje de sus ingresos; en los sectores más pobres, en cambio, la recarga tributaria se compensa con mayores subsidios estatales (traspasos que les hace el Estado en la forma de pensiones asistenciales, asignaciones familiares, o los subsidios único familiar, de consumo de agua potable y de cesantía). Si el impuesto a alterar es la renta, el resultado es progresivo cuando se eleva para los que perciben mayores ingresos, pero tiene efectos adversos en las tasas de ahorro y en el crecimiento económico, por lo que termina afectando el empleo. Con un sentido más práctico, el profesor Joseph Ramos, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, reflexionaba que “si bien en teoría pueden redistribuirse ingresos sacando al que gana más, el problema es que si saco mucho al que gana más el va a trabajar menos o se las ingeniará para no declarar todo”.
[13] Ley N°20.026, publicada en el Diario Oficial de 16 de junio de 2005.
[14] Ley N°20.028, publicada en el Diario Oficial de 30 de junio de 2005.
[15] Ley N°20.033, publicada en el Diario Oficial de 1 de julio de 2005.
[16] Diario “El País”; Madrid 20 de julio de 2005.
[17] Diario “Siete”; Santiago, 1 de agosto de 2005.
[18] Diario “La Tercera”; Santiago, 21 de agosto de 2005.

2) Juan Carlos Hitters

3) Alex Patricio Díaz Loayza

Represión de los Actos de Competencia Desleal, a la luz de la reforma del Decreto Ley N° 211: Una crítica al criterio jurisprudencial del Tribunal de la Libre Competencia[1]

Alex Patricio Díaz Loayza
Abogado
Profesor de Derecho Comercial
Universidad Central de Chile.

Descripción del Problema

Con fecha 7 de marzo de 2005, se publicó en el Diario Oficial el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Economía, el cual contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973.
En virtud del decreto con fuerza de ley antes indicado, se dio forma al texto vigente de la legislación relativa a la defensa de la libre competencia, normativa que había sido objeto de profundas reformas introducidas por obra de la ley N° 19.911.
Es dentro del contexto de las antes dichas modificaciones legales que se inserta este breve trabajo, cuyo objeto es efectuar un somero análisis comparativo desde la perspectiva dogmático-jurídica de los efectos que en materia de protección indirecta contra la competencia desleal han surtido las reformas normativas que nos ocupan.
[1] Este es un trabajo realizado por el autor dentro del contexto del Magíster en Derecho que actualmente cursa en la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.